Editorial
Aníbal Flores Clarke
Gerente General
CIENTEC

Neutrales y Abiertos

Es indiscutible el rol que tiene, y ha tenido, el Estado en el incentivo del uso masivo de las tecnologías de la información. La Declaración de Renta del SII a través de Internet, el portal ChileCompras o la modernización del Registro Civil son algunas muestras de los intentos del Gobierno por ser más eficientes usando las tecnologías.

Sin embargo, la idea de instalar un gobierno electrónico robusto y accesible podría verse restringida por decisiones que no se relacionan con el usuario, sino más bien con acuerdos comerciales que propician el monopolio tecnológico. En la práctica, condicionar el uso de los servicios electrónicos a una sola herramienta pone en tela de juicio los niveles de calidad de los propios servicios, ya que se veta la posibilidad de que cada actor de mercado compita por ofrecer sus mejores soluciones. Vulnera, de paso, la independencia tecnológica del Gobierno.
En el campo de las comunicaciones informáticas, la premisa básica es que el Estado debe brindar los mismos servicios, con la misma calidad, a todas las personas, independientemente de la marca de sus computadores o de los programas que usen, de la misma manera que la mesa de ayuda de un organismo público atiende del mismo modo a quienes llaman, sin importar la empresa a la que contratan el servicio telefónico.
Para hacer respetar el anhelado principio de neutralidad tecnológica, incluido en los acuerdos internacionales suscritos por el país, el Gobierno envió a trámite legislativo el proyecto de ley, que de aprobarse, regularía la coexistencia de lenguajes y protocolos en las plataformas del Estado. Básicamente, el Principio de Neutralidad Tecnológica de la Ley N° 19.799 establece que la eficiencia, operación, almacenamiento y mecanismos de transmisión de una plataforma no debieran estar condicionadas por una tecnología determinada.

Si bien la normativa es un buen paso para garantizar la neutralidad de las decisiones tecnológicas, en los mercados más competitivos la solución más efectiva para  avalar un buen servicio son los contratos con niveles de calidad de servicio (SLA o Service Level Agreements) claramente definidos con anterioridad, puesto que en este caso los clientes –que puede ser el Estado, una empresa privada o una institución cualquiera- paga por una prestación servicio donde se especifican formalmente lascondiciones de calidad de trabajo, independientemente de las plataformas que se usen.

En tecnología es bien sabido que lo más determinante para ser competitivos tecnológicamente no es sólo lo que las plataformas hagan, sino la capacidad de respuesta ante incidencias y nuevas necesidades que vayan surgiendo en el camino. Y, sin duda, las bases de un sistema tecnológico ágil y en constante mejora se sustenta en una premisa simple: contar de antemano con un “rayado de cancha” claro, donde el prestador de servicios se comprometa contractualmente a mantener ciertos niveles de calidad, independientemente de las plataformas que se usen.

Lo relevante de toda esta discusión es que abre una posibilidad para las alternativas tecnológicas, como el software libre o de código abierto dentro de las instituciones públicas, que puede convivir perfectamente con otros sistemas propietarios, dependiendo de cuál satisfaga mejor sus necesidades y le brinde lo óptimo en cuanto a desempeño, funcionalidad, seguridad, calidad, valor de la inversión, facilidad de uso, soporte técnico e interoperabilidad, entre otros. Para garantizar sistemas más eficientes lo importante es usar las mejores plataformas o soluciones para cada situación y no cerrarse de antemano con una sola. Esto claramente se puede lograr con las firmas de SLA exigentes y comprometidas, que garanticen no sólo la neutralidad ante las tecnologías, sino que la calidad de los servicios que recibirán los propios ciudadanos.